La COVID-19 ha hecho más visible la gravedad de nuestra epidemia de obesidad y más urgente su control

Fernando Rodriguez Artalejo.

Universidad Autónoma de Madrid, CIBERESP e IMDEA de Alimentación.

En España han muerto más de 30.000 personas por COVID-19. Entre los fallecidos, la proporción de personas con obesidad ha sido mucho mayor que en la población general. Hay buenas evidencias de que esta asociación es causal. En concreto, la asociación es muy fuerte, tiene una clara relación dosis-respuesta, es muy consistente en la literatura, y tiene plausibilidad biológica pues se sabe que la obesidad aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias y además produce un estado de inflamación crónica que facilita una mala respuesta a la infección por el coronavirus.

Que la asociación sea causal significa que las muertes se han producido tanto por el coronavirus como por la obesidad (cuando esta estaba presente en paciente); en ausencia de cualquiera de los dos, el fallecimiento es posible que no se hubiera producido. Desgraciadamente las estadísticas vitales solo recogen una sola de las causas de muerte que concurren en una persona, y en estos casos es el coronavirus.

Las muertes por COVID-19 se han concentrado en las personas mayores, en los hombres y en los que padecen enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial, la diabetes, cardiopatía isquémica o el cáncer. Precisamente la frecuencia de obesidad aumenta también con la edad y es mayor en los hombres que en las mujeres. Además conduce a las enfermedades crónicas mencionadas. Ello, junto a la alta frecuencia de exceso de peso y obesidad en la población (alrededor del 30% de los adultos españoles tienen obesidad), hace que una gran parte de la mortalidad atribuida al coronavirus se deba también a la obesidad y a las patologías crónicas derivadas de ella.  Esta situación es aplicable además a las hospitalizaciones, ingresos en UCI y necesidad de ventilación asistida en los pacientes con COVID-19. Por último, la obesidad es más frecuente en los niveles sociales menos favorecidos, por lo que las formas más graves de Covid-19 afectan también más a los grupos de menor nivel socioeconómico. Por ello, la obesidad es un multiplicador de desigualdad en el impacto de la COVID-19. En definitiva, la pandemia de coronavirus, ha hecho aún más visible la enorme gravedad de nuestra epidemia de obesidad.

La parte positiva, es que  el control efectivo de la epidemia de obesidad puede ser uno de los mejores instrumentos para paliar las consecuencias de la pandemia de coronavirus y de futuras pandemias similares de virus respiratorios. De hecho, no hay garantía de lograr tratamientos o vacunas muy eficaces para ésta o futuras pandemias e, incluso cuando se logren, llegarán tarde para afrontar una primera ola epidémica. Por otro lado, en los periodos inter-pandémicos, si se lograra controlar la obesidad también se reducirán sus enormes consecuencias sanitarias, sociales y económicas.

Desde el inicio de la Estrategia NAOS hace ya 15 años se han desarrollado innumerables  actividades por el Ministerio de Sanidad, las Comunidades Autónomas y otros agentes sociales para mejorar la alimentación y la actividad física de la población, y controlar la epidemia de obesidad. Así se ha logrado evitar que la frecuencia de obesidad siguiera aumentando en España (de hecho no crece de forma relevante desde 2010), pero aún no se ha conseguido disminuir de forma sustancial este problema de salud, y la frecuencia de obesidad sigue siendo muy elevada tanto en niños (afecta al 17% de los niños de 6 a 9 años en 2019) como en adultos. Por tanto, la estrategia NAOS ha conseguido el logro importante de contener la epidemia de obesidad, pero se puede y se deben dar más pasos para reducir el problema. Propongo los siguientes:

19. Informar a la población del papel de la dieta y la actividad física como defensa frente a la COVID-19. Se debe informar a través de múltiples cauces de comunicación social de los beneficios de una alimentación adecuada, la actividad física y otros estilos de vida saludables sobre el estado inmunitario y probablemente como defensa frente a las graves consecuencias de la infección por coronavirus.
20. Si se ordena un nuevo confinamiento domiciliario para luchar contra la pandemia, se debe permitir salir a pasear al menos a las personas más vulnerables, pues es una actividad de bajo riesgo de infección con grandes beneficios para la salud física y mental.
21. Actualizar la pirámide NAOS e implantar el plato de comida saludable. Hay aspectos de la pirámide NAOS que no son consistentes con las evidencias científicas recientes Por ejemplo, la actual pirámide recomienda el consumo de embutidos varias veces a la semana, y también de carne, sin distinguir si es blanca, roja o procesada; se recomienda el consumo diario de cereales, sin distinguir si son integrales o refinados, y también el consumo de productos lácteos. Además, en las recomendaciones de actividad física/sedentarismo, no separa el tiempo de pantalla para fines laborales o recreativos, y no se diferencian las recomendaciones para niños y adultos. Por otro lado, la pirámide es más útil para orientar la compra de alimentos que para saber qué se ha de consumir en cada comida. Por ello, también se debe implantar el plato de comida saludable similar al desarrollado en la universidad de Harvard.
22. Implantar el etiquetado frontal Nutri-Score en los productos envasados, y explicar a la población su interpretación adecuada para orientar la compra de alimentos. Hay evidencia de que este sistema de etiquetado es válido y útil para mejorar el contenido de la cesta de la compra, y que una dieta habitual en que los productos envasados tienen mejor puntuación en el Nutri-Score se asocia a mayores beneficios de salud, incluida una menor mortalidad en la población española. Afortunadamente el Ministerio de Consumo ya ha anunciado el desarrollo de un Real Decreto para implantarlo en 2021.
23. Mejorar la regulación de la publicidad alimentaria dirigida a menores. La eficacia del actual Código de AutoRegulación PAOS es controvertida. Además, no considera el perfil nutricional de los productos anunciados ni su frecuencia de exposición. Por ello, es necesario desarrollar modificar el Código PAOS para conseguir que la publicidad de alimentos en todos los medios al alcance de los menores y en horario infantil esté basada, entre otros elemento, en el perfil nutricional de la región europea de la OMS. El Ministerio de Consumo ya ha anunciado su intención de modificar el Código PAOS, e incluso de desarrollar una norma sobre el mismo si no se logra un acuerdo con los sectores industriales.
24. Garantizar una oferta saludable en las máquinas expendedoras de alimentos y bebidas. Ello debe incluir todos los espacios públicos, como estaciones de transporte y parques, y también en centros de trabajo, deportivos, educativos y sanitarios. La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición prohíbe la venta de productos muy ricos en grasas saturadas, sal y azúcar en las escuelas infantiles y los centros escolares, pero el reglamento que debía establecer los límites permitidos aún no se ha desarrollado. El Documento de Consenso sobre Alimentación en los Centros Educativos, de 2010, también sugiere límites nutricionales, pero su carácter es voluntario y su aplicación es insuficiente. Por ello, es necesaria una norma en este campo.
25. Utilizar incentivos fiscales para reducir el consumo de cantidades importantes de productos ricos en azúcar, sal, y grasas saturadas. Por la mayor experiencia internacional y en España, el foco inicial debe ponerse en las medidas impositivas sobre las bebidas azucaradas. Es una medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud, y con amplio respaldo por la comunidad de Salud Pública. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 ya incluye un aumento del IVA para este tipo de bebidas. Sin embargo, también habría que conseguir que parte del dinero recaudado por el impuesto se pudiera dedicar a programas de lucha contra la obesidad y, en el futuro, implantar incentivos fiscales para aumentar la actividad física.

Las medidas anteriores son sinérgicas entre sí, pero es probable que no todas se puedan realizar al mismo tiempo. Para priorizarlas, se debería considerar las de menor dificultad de implantación, mayores beneficios a corto plazo, y mayor capacidad para reducir desigualdades en el impacto de la obesidad en España.